La División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSyH) de la Facultad de Ingeniería organizó cuatro ponencias en torno al tema Situación Mundial de la Economía 2023 que impartieron especialistas integrantes del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el pasado 18 de septiembre en el Auditorio Javier Barros Sierra.
En la primera presentación, el doctor Alejandro López Bolaños ofreció un panorama general de la economía global en un escenario donde se mezclan la recesión económica y la inflación, una situación derivada de factores como los recortes en las cadenas de suministros y los confinamientos provocados por la pandemia, y el incremento al precio de granos básicos y fertilizantes por la guerra en Ucrania.
Explicó que en las políticas económicas para combatir la inflación tradicionalmente han predominado ciertos dogmas monetaristas que consisten en restringir la cantidad de dinero en circulación y en aumentar las tasas de interés, lo que ha implicado que la recuperación económica sea lenta y sin atacar de fondo el problema, sino solamente con paliativos que se traducen en la transferencia de los costos operativos a las personas por parte de las grandes empresas.
En su opinión, se requiere un cambio en la política económica que tome en cuenta que la inflación también es generada por problemas estructurales como la carencia de una industria nacional propia, la dependencia de las importaciones o la falta de industrialización de bienes de capital para buscar una auténtica recuperación que se refleje en lo que viven las familias cotidianamente.
En la ponencia Tendencias Inflacionarias en la Economía Post-Covid, el maestro Armando Negrete Fernández señaló que, si bien las mediciones de la inflación en México hasta agosto de 2023 sugieren una recuperación considerable con respecto a los años anteriores, un análisis más detallado muestra que los precios al consumidor en rubros esenciales (alimentos, frutas y verduras) no están disminuyendo al ritmo necesario, lo cual implica un alto riesgo para cualquier economía, especialmente para la población en pobreza extrema. Asimismo, dijo que el aumento al salario mínimo, a pesar de ser muy positivo, limita al trabajo formal, por lo que resulta una medida insuficiente en un país donde muchos hogares dependen de la economía informal.
En un contexto de reacomodo de la producción global reflejado en el nearshoring y otras tendencias, enfatizó que México debe decidir si sus políticas van a estar dirigidas a acoplarse a una economía avanzada central, como la de Estados Unidos, o al desarrollo autónomo y endógeno de una economía nacional con procesos de industrialización acordes a los intereses de su población.
Por su parte, la doctora Alejandra Medina Arzate en la ponencia Inversión Extranjera de Grandes Empresas Mexicanas en Estados Unidos de Norteamérica, abordó el caso de multinacionales mexicanas (Carso, Femsa, Grupo México, Pemex, Cemex, Elektra, Rassini y Vitro) que han logrado instalarse en las cadenas de valor del país vecino mediante la compra de activos de empresas locales durante la crisis de 2008.
En la última ponencia, Efectos de la Inflación y de la Política Antiinflacionaria sobre los Trabajadores Jóvenes en México, la doctora Patricia Pozos Rivera se centró en los efectos sociales de la inflación destacando la disminución del consumo, que implica la pérdida de la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades, y la concentración del ingreso, que acentúa la desigualdad económica.
En concordancia con el doctor López Bolaños, subrayó las consecuencias negativas de las políticas antiinflacionarias actuales centradas en la contención salarial para disminuir costos, que genera la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y el aumento a las tasas de interés traducido en un mayor endeudamiento tanto de las personas como de los estados.
Destacó que las poblaciones juveniles en México se encuentran entre las más vulnerables ante dichos efectos por su complicada inserción al mercado laboral: su tasa de desempleo es el doble del promedio nacional, y sus ingresos están entre los más bajos (el 41.5 por ciento de jóvenes empleados tiene un ingreso de un salario mínimo).
Esta precariedad laboral, concluyó, agrava el impacto de la inflación y de las políticas antiinflacionarias actuales en el sector juvenil con efectos a largo plazo (carencia de acceso a instituciones de salud, de ahorro para el retiro, o de un patrimonio propio) y a corto plazo (aplazamiento de su autonomía o de la posibilidad de formar una familia).
